¿Qué entendemos por calidad educativa? ¿Son la calidad
y la innovación exigencias o necesidades?
Consuelo C. Alonso Alarcón
“La
Educación es un derecho básico establecido en nuestra Constitución. Y ésta debe
ser de calidad y generadora de la igualdad de oportunidades de toda la
ciudadanía. Sin embargo, la política educativa de nuestro Gobierno actual ha
decidido que la Educación de calidad lo sea únicamente para las clases
privilegiadas. No estamos dispuestos a que eso ocurra. La Educación es de todos
y para todos a lo largo de la vida”.
Manifiesto Docente, Por una escuela pública de tod@s para tod@s
La calidad en la educación es un término
abstracto, del que es difícil encontrar una definición o incluso determinar unos
criterios para definirla. Son muchos los expertos que no se ponen de acuerdo
sobre este concepto, ya que está vinculado
a la dimensión ética y política de cada individuo. Surgen ante esta pregunta
dos concepciones paralelas en torno al concepto de calidad: la calidad como
acción práctica y la calidad como gestión. Siguiendo a Fernández Sierra (2002), estos dos paradigmas partirían de dos
concepciones diferentes de la educación.
Para la primera concepción, la calidad se
entendería como un sistema para avanzar en los ideales humanos de libertad,
igualdad, justicia social, equidad, inclusión y por supuesto coeducación.
Sustentado sobre los valores democráticos, con modos y prácticas educativas y
evaluativas alternativas a los planteamientos hegemónicos imperantes. Donde la
importancia de la educación reside precisamente en la construcción del
individuo, para aprender y decidir autónomamente.
Para el
segundo paradigma, sería el marco legal que permitiría a ciertos sectores conseguir
sus intereses, principalmente lucrativos. Sobre el que se asientan
determinantes factores económicos y políticos. En el que priman concepciones
políticas de las Teorías Educativas más bien de carácter especulativo y
tendencioso.
Por lo que entendiendo la
calidad como acción practica, se otorga protagonismo a todos los agentes implicados en
la educación. Conlleva además un compromiso ético y político al reflexionar
sobre el tipo de sociedad que queremos alcanzar y los valores que queremos
trasmitir en la escuela. El objetivo de la evaluación que prima en esta
concepción de calidad es la de reorientar la práctica educativa, para que los
docentes tomen decisiones sobre su trabajo en el aula valorando los procesos educativos
con procedimientos cualitativos. La preocupación de este modelo es ofrecer
mayores y mejores oportunidades a todo el alumnado, partiendo de la diversidad
y de la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Entendiendo la calidad desde el
segundo paradigma, como gestión, se pretende cosificar la calidad para que unos
expertos externos puedan medirla. Necesitan definir cuáles van a ser los
indicadores de calidad. Planteando una calidad educativa estandarizada y
productiva. Se trata de gestionar el sistema educativo como cualquier empresa o
servicio, con modelos productivos y evaluando por tanto, como indica Elliot (2002), a través de la
eficiencia, entendida como la relación entre el nivel del producto educativo
con el costo de los medios empleados. Por lo que no evalúa el aprendizaje
porque éste no puede medirse con valores numéricos, así que termina evaluando
rendimientos.
Los objetivos, rigen por tanto las
actuaciones educativas con una concepción tecnológica de los planteamientos
curriculares, con imposiciones que se originan en contextos económicos, con un
proceso instructivo y selectivo, donde los poderes emergentes introducen
reformas y cambios en los modos de organización educativa de forma cada vez más
productiva.
Fernández
Sierra (2002) hace un retrato de lo que sería el traslado del ideal económico
neoliberal a los sistemas educativos, lo que se ha denominado la Gestión de la
Calidad Total cuya base de su filosofía es “satisfacer el cliente” para ser
“competitivos” e “incrementar los beneficios”.
Si revisamos las diferentes reformas y
cambios del sistema educativo apreciaremos el momento indefinido en el que nos
encontramos, es decir hacia qué modelo nos dirigimos y que influencias
encontramos en la reconversión de modelos de calidad anteriores.[1]
Sánchez Cañadas (2006), en su repaso por los últimos sistemas
educativos españoles afirma como durante el gobierno de Aznar en el que Aguirre
fue la Ministra de Educación, se fomento una calidad educativa entendida desde
una concepción neoliberal, que pretendía medir los resultados obtenidos, los
rendimientos para medir la calidad, y ordenar así los centros educativos, para
ver cuál era mejor y así obtener más apoyo económico, y cual no lo era tanto, y
dejar de recibirlo. Siempre según sus mediciones y con las importantes
consecuencias que ello conlleva respecto al alumnado, las familias, la
comunidad educativa… Este enfoque instaura por vez primera un modelo tecnocrático,
ya que mediante la medición de rendimientos se observa que los resultados no
son equivalentes a los costes de los mismos, por lo que se plantea de manera
subyacente la importancia de la privatización de la enseñanza pública, de esta
manera introducir procedimientos de gestión empresarial.
Durante la segunda legislatura
del gobierno Aznar se aprobó la Ley de la Calidad en Educación de 2002, dando
un paso más hacia un modelo de educación confesional, segregadora y
privatizada, satisfaciendo de este modo las demandas de jerarquía eclesiástica
y a las patronales de la enseñanza privada. En esta ley, la calidad educativa
se sustenta en la cultura del esfuerzo y la exigencia personal, en la orientación
hacia los resultados, hacia lo que conocemos como currículo por objetivos, y en
establecer oportunidades de calidad para todos (estableciendo los famosos
“itinerarios”).
El 24 de mayo de 2006 entró en
vigor la última de las leyes de Educación en España. Es la Ley Orgánica de
Educación (LOE) del gobierno socialista. Esta ley es famosa por introducir la
asignatura “Educación para la Ciudadanía”, y pasará inadvertido el hecho de que
por primera vez se incorporó una memoria económica de más de 7.000 millones de
euros de inversión educativa adicional hasta el pasado curso 2010. Las críticas
a esta ley fueron desde las situadas a la izquierda, donde se criticó que los
procesos de escolarización no garantizaban la distribución equitativa de la
diversidad del alumnado entre la red pública y la privada hasta las situadas a
la derecha, donde la plataforma “LOE no”, con la Confederación Nacional
Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) a la cabeza, criticaron que en esta ley
“está en juego la libertad de enseñanza,
la libre elección de centro, la vertebración del país y el que los alumnos
españoles puedan competir y estar bien formados frente a sus compañeros
europeos”. Declaraciones estas últimas que evidencian la concepción de
calidad y de educación que tienen determinados sectores, con gran poder de
decisión en nuestro país.
Actualmente encontramos un
panorama un tanto desolador respecto al trato que el nuevo gobierno de Rajoy le
está dando a la escuela pública, los movimientos de la comunidad docente actual
reivindican precisamente el cambio del concepto calidad que subyace a las
nuevas políticas educativas[2],
en el que sentimos que nos encontramos en un momento de retroceso educativo en
el que pesan más los planes de ajuste económico y recortes que cumplan con los
presupuestos del Estado y los mandatos impuestos por organizaciones europeas
supranacionales que las necesidades de una sociedad que vive una fuerte crisis
económica, que ha impregnado el ámbito político y por supuesto social.
Por lo que la cuestión que
planteo sobre si la calidad[3]
y la innovación deben ser exigencias o más bien necesidades, considero que
ambas. Necesidades para con los valores democráticos que son esenciales en la
sociedad postmoderna en la que nos encontramos y exigencias para alcanzar un
sistema educativo público, justo por y para todos, sin distinción de clases,
creencias, o género, motivo este último que impregna y guía el grueso de mis
reflexiones. Por lo
que la calidad y la innovación se plantean como exigencias y necesidades para:
- Transformar la realidad marcada por una profunda y arraigada construcción social androcéntrica.
- Compensar y eliminar las desigualdades derivadas de esa construcción social.
- Posibilitar, fomentar y estimular el desarrollo integral de las capacidades de mujeres y hombres, y la construcción de sus identidades sin discriminaciones, exclusiones o restricciones de ningún tipo.
Destaco en último lugar, la importancia que supone la educación de calidad en una sociedad compleja como la actual, con grandes contrastes económicos y cambios sociales, con grandes poderes e intereses económicos subyacentes. Así que conseguir una institución educativa de calidad es lograr que la escuela no continúe reproduciendo los patrones sociales con estereotipos y prejuicios de signo masculino y androcéntrico que perpetúan las diferencias entre las personas ya sea de género, clase, raza o creencia. Que permita mediante procesos innovadores y un sistema de calidad, la educación de individuos libres y autónomos.
[1] Ya sea por las influencias
en los enfoques curriculares, en el diseño de los contenidos y saberes
seleccionados para el curriculum formal,
los enfoques metodológicos y los procesos de evaluación.
[2] Las medidas adoptadas e
impuestas por RD Ley contra la calidad de la misma y contra la equidad del
sistema educativo van a suponer una masificación de las aulas, la paralización
de nuevos ciclos de FP, el recorte de plantillas, la precariedad laboral, la privatización
de servicios educativos, el aumento de tasas universitarias, la disminución de
becas y la pérdida de derechos laborales entre otras.
[3] Entendida la calidad desde
la acción práctica.